Delincuencia común y organizada.

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 La delincuencia común es un problema que afecta tanto a la integridad personal de la población como a su patrimonio. Actualmente, entre los delitos considerados de mayor impacto está el homicidio. La tasa de homicidios, asesinatos de Ecuador llegó a 12,4 por cada 100 mil habitantes en 2012, lo que significa una reducción de más de cinco puntos frente a 2006 (Policía Nacional del Ecuador, 2012a; MICS, 2008). Ecuador se ubica actualmente casi 13 puntos por debajo del promedio regional latinoamericano en homicidios, que llegó a 25 por cada 100 mil habitantes (Observatorio Hemisferio de Seguridad, 2012). Asimismo, en 2011, el homicidio fue la séptima causa de muerte de la población total y la primera en la población de 15 a 29 años80 (INEC, 2011g). 

En Ecuador, la tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años, por cada 100 mil habitantes, también ha sufrido disminuciones, la tasa fue de 26,70 en 2010; y, de 23,04 en 2011(INEC, 2011g).

Falta o Delito

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La impunidad puede devenir en la legitimidad de tipos de justicia privada (linchamientos, ven- dettas), que ponen en duda el principio demo- crático de justica como bien público y agravan aún más los espirales de violencia social. De igual forma, la impunidad tiene un alto efecto en la credibilidad institucional, lo cual es un elemento multiplicador del sentimiento de te- mor en la ciudadanía. En este sentido la falta de confianza institucional puede ser una causa di- recta de inseguridad en la población, con igual o mayor jerarquía que la violencia o la misma criminalidad (Dammert, 2007).  

Derechos Humanos

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En el buen vivir Sumak kausay , el objetivo 6  trata sobre consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los derechos humanos de acuerdo a la constitución Ecuador es un estado reglamentario de derechos y justicia. El estado garantiza a sus habitantes el derecho de una cultura de paz y seguridad integral, por esta razón, el acceso de una justicia imparcial, e independiente y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor son bienes públicos fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas; todo esto, bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales en derechos humanos.