Derechos humanos - Buen Vivir.

Objetivos 6, Derechos humanos 

Buen Vivir 

(Imagen obtenida de google imágenes)

Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales:

6.1.a.Mejorar el acceso a los servicios de justicia en el territorio, mediante una desconcentración equitativa. 
6.1.b.Promover el pluralismo jurídico mediante la consolidación de la justicia indígena y de paz. 6.1.c.Establecer una adecuada coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y ordinaria, que garantice los derechos humanos, en el marco del pluralismo jurídico.
6.1.d.Promocionar derechos, deberes y mecanismos de acceso y operación del sistema de justicia ordinaria, constitucional y contenciosa electoral.
6.1.e.Implementar consultorios jurídicos gratuitos, regulados por la Defensoría Pública.
6.1.f.Fomentar la especialización de defensoras y defensores públicos, en virtud de la materia que atienden.
6.1.g.Estimular la resolución alternativa de conflictos en la ciudadanía, a través de la mediación comunitaria. 
6.1.h.Desarrollar mecanismos de difusión de precedentes jurisprudenciales constitucionales, ordinarios y electorales.
6.2Mejorar y modernizar la administración de la justicia

6.2.a.Reorganizar y optimizar el uso de recursos y la provisión de servicios eficientes. 
6.2.b.Generar mecanismos idóneos de ingreso, promoción, evaluación y régimen disciplinario en la carrera judicial y en los demás órganos de administración de justicia señalados en la Constitución.
6.2.c.Institucionalizar y fortalecer la escuela de la función judicial para desarrollar las capacidades y potencialidades del talento humano.
6.2.d.Diseñar e implementar un sistema de acreditación de operadores del sistema de justicia.
6.2.e.Implementar un sistema integrado de información que articule a los actores del sistema de administración de justicia, desagregado por área geográfica, sexo, edad y etnia, para la adecuada toma de decisiones y la integridad de los procesos.
6.2.f.Potenciar el uso de la conciliación judicial y del proceso oral.
6.2.g.Consolidar el sistema de atención especializada para garantizar el derecho a la justicia.
6.3Combatir y erradicar la impunidad

6.3.a.Articular institucionalmente los sistemas de denuncias, infracciones y violación de derechos humanos, para generar confianza en la ciudadanía. 
6.3.b.Consolidar la modernización del sistema de investigación científica criminal.
6.3.c.Optimizar los procedimientos de coordinación interinstitucional para el esclarecimiento y la sanción de infracciones.
6.3.d.Fortalecer el funcionamiento y la ampliación de la cobertura de las unidades de flagrancia.
6.3.e.Mejorar la agilidad, el acceso y la transparencia de los procesos y sentencias, para evitar la revictimización de las personas. 
6.4Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social

6.4.a.Mejorar las condiciones de habitabilidad en los centros de privación de libertad y detención. 6.4.b.Proteger los derechos de las personas privadas de libertad, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.
6.4.c.Implementar un modelo de atención integral homologado a nivel nacional en nuevos centros.
6.4.d.Mejorar los sistemas de control y seguridad interna y externa en los centros de privación de libertad.
6.4.e.Promover acciones de reinserción social para las personas puestas en libertad. 
6.5Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada

(Información obtenida de la pag:http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-6.-consolidar-la-transformacion-de-la-justicia-y-fortalecer-la-seguridad-integral-en-estricto-respeto-a-los-derechos-humanos#tabs2) 

Convivencia Ciudadana

(Imagen tomada de google imágenes)

El deterioro de la convivencia ciudadana es uno de los ejes fundamentales para las po- líticas de seguridad. La pérdida de cohesión social, la desconfianza entre las personas, la deslegitimidad institucional, el aislamiento social y la ausencia de reconocimiento de los derechos de las personas, entre muchas cosas más, son problemas que agudizan los problemas de violencia y el sentimiento de inseguridad en la población (Mockus, Mur- rain y Villa, 2012). 

Muchos de los problemas de convivencia estáninculados con el problema de consumo de alco- hol y droga en la población; los principales afect- ados son los jóvenes. La tendencia indica que los adolescentes y jóvenes usan drogas como mari- huana y los derivados de la cocaína por primera vez a edades cada vez más tempranas. En 1998, la edad promedio era de 14,8 años; en 2005, la edad era de 13,7 y, en 2008, de 12,8 (Consep, 2008).

También prevalece como tema de convivencia la violencia ejercida por la condición étnica, sexual, migratoria, de nacionalidad y de discapacidad de las personas. El 8% de la población entre septiem- bre de 2003 y septiembre de 2004 sintió algún tipo de discriminación racial. Este fenómeno es más frecuente en zonas rurales (9%) que urbanas (7%) y más entre pobres (10%) que entre ricos (5%). Por otra parte, se constata que la población afroecu- atoriana, en un 44%, y la población indígena, en un 34%, han experimentado discriminación racial (Secretaría Técnica del Frente Social, 2004). 

Violencia de Género.

(Imagen tomada de google imágenes.) 

La violencia de género es la que se origina en las relaciones asimétricas de poder que tienen su base en los roles de género; esto es, en el pro- ceso de construcción social y cultural de lo que son lo masculino y lo femenino83. Esto ha producido y reproducido relaciones de poder des- iguales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la vida pública y privada y durante todo su ciclo de vida (Ministerio del Interior, 2012a).

En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres encuestadas refiere haber sufrido algún tipo de violencia de género84. Dentro de este grupo, una de cada 4 refiere haber sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida (INEC, 2011a). 

Por otro lado, la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres en Ecuador no ha manifestado reducciones importantes en los últimos años, a diferencia de la tasa de homicidios en gene- ral. En 2012, representó más del 12% del total, a diferencia de 2008, año en que llegó a 8,5% (Gráfico 6.6.6.). Asimismo, la tasa de homicidio de mujeres en América Latina llegó a 3,4 (Ob- servatorio Hemisférico de Seguridad, 2012). De estas cifras, sin embargo, no se puede estable- cer el dato exacto respecto a feminicidios, de- bido a la ausencia de una metodología única. 

El sistema de rehabilitación social

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En el año 2007, Ecuador fue el país de la región andina con mayores niveles de hacinamien- to carcelario, con alrededor del 200% (MICS, 2008). A esto se sumaba la herencia de un siste- ma altamente corrupto y carente de inversión, por cifra negra se entiende el número de delitos no denunciados en las instituciones respectivas. Entre las razones de la no denuncia se encuentran el poco acceso a la justicia, la falta de credibilidad en la misma, razones culturales, entre otras que terminó subsumiendo al sistema de rehabilitación social en una profunda crisis institucional. 

El gobierno nacional, consciente de la problemática que envolvía a este sistema, hizo una declaración de emergencia del sistema penitenciario en 2007, con la construcción de nuevos centros de privación de libertad junto a la adecuación de los existentes y la imple- mentación de un modelo de atención integral para la rehabilitación social. Esto hizo que la capacidad carcelaria en el país subiera de 7 477 plazas, en el año 2007, a 12 036, en el año 2012 (MJDHC, 2012a).

La actual infraestructura carcelaria nacional comprende 35 centros de rehabilitación social a nivel nacional. En promedio, tienen 59 años de construcción; los más antiguos son los de Quito (145 años), Latacunga (122 años) e Ibarra (89 años), los más recientes están en Sucumbíos (2 años), Napo (6 años) y Santo Domingo de los Tsáchilas (10 años). Adicionalmente, existen 11 Centros para Adolescentes Infractores (CAI), 3 casas desconfianza y 10 Centros de Detención Provisional (CDP)79 (MJDHC, 2012a). 

La violencia contra la niñez y la adolescencia

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El 27,4% de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años declaró haber sido agredido físicamente por profesores (Minis- terio del Interior, 2012b). De igual forma, el 40% del total de los niños, niñas y adoles- centes de 5 a 17 años de Ecuador ha recibido golpes en el ambiente intrafamiliar; un 3% ha sido sujeto de insultos o burlas y un 1% ha sufrido encierro, expulsión y privación de comida. Asimismo, dentro del hogar, un 44% de los niños, niñas y adolescentes ha sufrido maltrato extremo; un 31%, maltrato culturalmente aceptado y el 3%, indiferencia (ODNA, 2012).

1. Fortalecer el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y abuso, con pertinencia cultural.
   
2. Transformar los patrones socioculturales que reproducen los roles y estereotipos de género y que inducen a la violencia entre y hacia niños, niñas y adolescentes.
   
3. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el ade- cuado abordaje y tratamiento de la violen- cia y el abuso a niñas, niños y adolescentes.
   
4. Impulsar la creación de espacios y activida- des lúdicas, artísticas, deportivas y recreati- vas, entre otras alternativas, para garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y adolescentes, en especial a aquellos en si- tuación de riesgo.
   
   
   
   

Seguridad Vial.

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Dentro del tema de la seguridad ciudadana juegan también un rol importante los accidentes de tránsito. En 2010, los accidentes de tránsito del país llegaron a un total de 25 588 casos, que deja- ron como consecuencia 20 172 heridos (Policia Nacional del Ecuador, 2012b). Para el año 2011, decrecieron a 24 625 accidentes con 19 449, he- ridos aproximadamente (CAN, 2012). Aunque Ecuador ha sido en la última década el país con menor tasa de accidentalidad en la región andina, se han venido experimentando niveles crecientes en este periodo de tiempo. En el 2011, Ecuador llegó a tener aproximadamente 22 muertes por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitan- tes, mientras que la tasa de América Latina fue de 17,8 (OMS, 2011). Entre las causas asociadas a este fenómeno se encuentran el crecimiento del par- que automotor, la escasa cultura de seguridad vial de la población, la falta de control por parte de la autoridad, el irrespeto a la ley, la ausencia de seña- lización y el diseño vial. 

Delincuencia común y organizada.

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 La delincuencia común es un problema que afecta tanto a la integridad personal de la población como a su patrimonio. Actualmente, entre los delitos considerados de mayor impacto está el homicidio. La tasa de homicidios, asesinatos de Ecuador llegó a 12,4 por cada 100 mil habitantes en 2012, lo que significa una reducción de más de cinco puntos frente a 2006 (Policía Nacional del Ecuador, 2012a; MICS, 2008). Ecuador se ubica actualmente casi 13 puntos por debajo del promedio regional latinoamericano en homicidios, que llegó a 25 por cada 100 mil habitantes (Observatorio Hemisferio de Seguridad, 2012). Asimismo, en 2011, el homicidio fue la séptima causa de muerte de la población total y la primera en la población de 15 a 29 años80 (INEC, 2011g). 

En Ecuador, la tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años, por cada 100 mil habitantes, también ha sufrido disminuciones, la tasa fue de 26,70 en 2010; y, de 23,04 en 2011(INEC, 2011g).

Falta o Delito

(Esta imagen fue tomado de google imágenes)

La impunidad puede devenir en la legitimidad de tipos de justicia privada (linchamientos, ven- dettas), que ponen en duda el principio demo- crático de justica como bien público y agravan aún más los espirales de violencia social. De igual forma, la impunidad tiene un alto efecto en la credibilidad institucional, lo cual es un elemento multiplicador del sentimiento de te- mor en la ciudadanía. En este sentido la falta de confianza institucional puede ser una causa di- recta de inseguridad en la población, con igual o mayor jerarquía que la violencia o la misma criminalidad (Dammert, 2007).