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Este es un espacio en donde encontrarán información acerca del objetivo 6 del Buen vivir, de acuerdo a la constitución, Ecuador es un estado reglamentario de derechos y justicia  es la protección y la fianza de los derechos de cada ciudadano. Según el articulo 3 numeral 8 de la constitución, el estado garantiza a sus habitantes el derecho de una cultura de paz y seguridad integral, por esta razón, el acceso de una justicia imparcial, e independiente y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor son bienes públicos fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas; todo esto, bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales en derechos humanos.Los avances en la transformación de la justicia y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana son dos hitos importantes del proceso político actual en Ecuador. Pese a que Ecuador es un país de paz y convivencia que no presenta los niveles de violencia de otros territorios, una sociedad en la que priman la impunidad y la inseguridad profundiza las in-equidades e injusticias sociales y retrasaría, para nuestro caso, la consecución del Buen Vivir. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo fin fundamental es la protección y la garantía de los derechos de sus ciudadanos. De la misma forma, el artículo 3, numeral 8, dice que uno de los fines del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. Por esta razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor son bienes públicos fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas; todo esto, bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales en derechos humanos. El Programa de Gobierno 2013-2017 apunta directamente, dentro de sus revoluciones, a profundizar la transformación de la justicia y a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadanas. Por ello, estos pilares se constituyen en elementos sustanciales para el proceso de planificación del Estado. Debemos mejorar la confianza ciudadana en la justicia mediante el respeto a los derechos humanos. Debemos igualmente adoptar y fortalecer políticas públicas que permitan reducir progresiva y eficazmente los niveles de inseguridad ciudadana en el territorio. El referéndum de 2011 significó una ruptura para la construcción de un sistema de justicia accesible, oportuno y eficiente que asegure la posibilidad para todas y todos de acceder igualitaria y especializada mente a la justicia para la reducción de la impunidad. No es menos importante el reconocimiento de la existencia de otros sistemas jurídicos, tales como el indígena (art. 171), el regional, el interpersonal y el universal, así como el enfoque basado en derechos humanos (art. 172), que han servido para reestructurar la función judicial. El concepto de seguridad integral consagrado en la Constitución nos permite una ruptura frente a la tradicional mirada policial y reactiva frente al problema de la inseguridad. Si bien miramos a la Policía, la justicia y la rehabilitación social como pilares fundamentales de la seguridad ciudadana, también reconocemos que sus orígenes son multicausales y las respuestas, multiagenciales. Un abordaje integral de la seguridad ciudadana nos permitirá acometer desde un enfoque preventivo y oportuno el problema de la inseguridad.

Este objetivo abordará la justicia en cuatro políticas, para luego centrarse en las problemáticas principales que afectan la inseguridad ciudadana. Con respecto a la justicia, los temas a profundizar son el acceso y la consolidación del pluralismo jurídico, la modernización y transformación de la justicia, la lucha contra la impunidad y el mejoramiento del Sistema de Rehabilitación Social. En seguridad ciudadana, se identificarán los principales conflictos que afectan a la colectividad, como la delincuencia común, organizada, y transaccional; la inseguridad vial; la violencia de género en todas sus formas; la violencia contra niños, niñas y adolescentes; finalmente, el deterioro de la convivencia ciudadana.

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